La Corte dictó una cautelar contra Misiones por adelanto de ingresos brutos

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Lo hizo en el marco de una demanda iniciada por la cementera Loma Negra que cuestiona la constitucionalidad del decreto mediante el cual se cobra el anticipo impositivo al ingresar productos para comercializar en la provincia.

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La Corte Suprema de Justicia resolvió este martes, a través de una medida cautelar, suspender la percepción de Ingresos Brutos por parte de la provincia de Misiones a la cementera Loma Negra, además de ordenar que se de abstenga de obstaculizar el ingreso de mercaderías fabricadas y comercializadas por dicha empresa.

La demanda de la cementera pretendía la declaración de inconstitucionalidad del decreto provincial 2913/07 y de la resolución general 56/2007 dictada por la Dirección General de Rentas de la provincia. La firma reclama que, a partir de la normativa impugnada, la demandada establece un régimen de pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos conforme al cual la Provincia de Misiones no permite el ingreso de aquellas mercaderías provenientes de extraña jurisdicción, si previamente no se acredita el pago del anticipo impositivo.

La empresa ejemplificó que cada camión que ingresa a la provincia es detenido hasta la exhibición del comprobante de pago del tributo y que, de no ocurrir, se les impide el acceso a la provincia, pudiendo, incluso, secuestrarla. “Según su opinión, esto derivaría en una barrera para la libre circulación de mercadería, algo que vulneraría la Constitución porque el comercio interjurisdiccional es regulado por el Congreso Nacional y no por una provincia en particular”. En la demanda, los representantes legales de Loma Negra destacaron que “el pago a cuenta establecido actúa como un derecho de paso y la provincia constituye una aduana interior por medio de la cual se condiciona el ingreso o egreso de los bienes al cumplimiento del Régimen y al pago del gravamen allí establecido, todo lo cual se encuentra expresamente vedado por la Constitución Nacional en sus arts. 9, 10, 11, 75 incisos 1° y 10 y 126”.

La Procuración General, con la firma de Laura Monti, consideró el asunto de competencia originaria de la Corte y además apoyó la concesión de una medida cautelar en cuanto no era suficiente la afirmación de exclusión que comprendía a la cementera.

Al ser concedida la cautelar, la provincia tiene un plazo de 60 días para notificarse y contestar la demanda. Por el momento, la medida judicial alcanza solamente a la compañía cementera.

Repercusiones

Desde la oposición, el presidente del bloque de Diputados de la UCR Misiones, Pepe Pianesi, expresó en sus redes: “Siempre sostuvimos que Misiones tiene una aduana paralela que es inconstitucional. Bienvenidos los avances para mejorar los vínculos comerciales con todas las jurisdicciones favoreciendo el desarrollo económico y laboral en la provincia”.

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