La Corte Suprema intimó a Gildo Insfrán a garantizar los derechos humanos en los centros de aislamiento de Formosa

POLÍTICA


También solicitó información sobre los protocolos ante un caso positivo de coronavirus. El máximo tribunal ya había intervenido con los varados.

La Corte Suprema de Justicia intimó este jueves al gobernador Gildo Insfrán a garantizar los derechos humanos en los centros de aislamiento montados en Formosa para casos confirmados y sospechosos de coronavirus.

El gobierno formoseño había sido acusado por la oposición de llevar adelante una política de prevención sanitaria ante la emergencia por Covid-19 reñida con los derechos humanos. En los últimos meses, se reflejó el aislamiento compulsivo de casos activos y bajo sospecha en el Estadio Polideportivo Cincuentenario y otros establecimientos, en condiciones de hacinamiento y sin distancia social entre sanos y contagiados.

En el pedido de informes, el máximo tribunal también exhortó al Gobierno provincial a llevar adelante un protocolo anticontagios que respete los DDHH. No es la primera vez que interviene ante las disposiciones sanitarias ordenadas por el mandatario: ya lo había hecho en noviembre del año pasado, cuando autorizó el ingreso de los varados.

La solicitud de la Corte llega horas después de que Insfrán, a raíz del fallo de la Justicia federal que permitió a un móvil de TN ingresar a la provincia, ordenara el desmantelamiento del principal centro sanitario, ubicado en la capital provincial.

Esto ya había ocurrido un mes atrás, previo a la visita del secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla a la provincia por las denuncias de maltratos y condiciones de hacinamiento en estos establecimientos.

Ahora, los ministros de la Corte reclaman saber si “el Centro de Atención Sanitaria ubicado en el Estadio Polideportivo Cincuentenario ha sido desactivado de manera definitiva, o si se trata de una resolución condicionada a la reducción en el nivel de contagios” y, en dicho caso, “bajo qué pautas se procedería a su reapertura”.

En esta sintonía, el máximo tribunal instó al Gobierno formoseño a “llevar a cabo el control y prevención de la propagación del virus COVID–19 con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos”, así como de “brindar efectivo amparo a las personas cuyos derechos se ven amenazados o han sido ya vulnerados”.

En su resolución, la Corte Suprema subrayó que “las medidas que se adopten para hacer frente a la pandemia y conlleven la regulación de derechos fundamentales deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales”.

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