El Gobierno ahora busca que todas las provincias se comprometan a priorizar el regreso a las aulas

EDUCACION POLÍTICA


Mañana habrá una reunión de todos los ministros de Educación del país en la que surgiría una declaración conjunta. Las aperturas de las escuelas se definirán por la situación de cada municipio.

El propio Alberto Fernández confirmó el inicio del ciclo lectivo con clases presenciales desde marzo. “El dictado de clases es para mí un aspecto prioritario este año”, dijo el Presidente el fin de semana pasado. Ahora, el Gobierno afronta el desafío de comprometer a las provincias, las responsables directas de las escuelas, de que debe volver la presencialidad desde el inicio del ciclo lectivo.

Desde el ministerio de Educación de la nación despliegan desde hace diez días una agenda federal con ese objetivo y recorrieron las provincias del Noroeste y las de Cuyo. En los próximos días seguirán con el Nordeste y la Patagonia. De cara al inicio de las clases, la intención es concretar reuniones con todos los gobernadores y sus equipos educativos. Involucrarlos en la idea de que se deben abrir las escuelas, aunque sea en forma parcial.

Según se supo, para mañana viernes a las 18 está convocada una reunión por videoconferencia entre los ministros de Educación de todo el país.

Para este ciclo lectivo, desde el Palacio Pizzurno ya adelantaron que, más allá de la voluntad del gobierno nacional, serán los mandatarios provinciales los que definirán el regreso a las aulas. Si bien la autonomía volverá a pesar, Nación presiona para que desde el primero de marzo, cuando la mayoría de los calendarios escolares se pondrán en marcha, haya “la mayor presencialidad posible”. Tras un año sin clases presenciales, necesitan que la mayoría de los chicos regresen a las aulas.

Nación ya tiene definido flexibilizar los indicadores y le pedirá a los gobernadores que deleguen la decisión de abrir las escuelas en los intendentes, que analicen la realidad epidemiológica ya no en el total de la provincia, sino en cada municipio. De ese modo buscan evitar lo que fue un fenómeno recurrente en 2020: provincias enteras sin clases por brotes únicamente en sus grandes ciudades.

Al otro factor que se aferran para garantizar el inicio de las clases presenciales es a la vacunación. Detrás del personal sanitario, de los adultos mayores, de las fuerzas de seguridad y las personas con enfermedades preexistentes, el Gobierno incluyó en quinto lugar a los docentes y no docentes.

En total, el personal educativo agrupa poco más de 1.4 millones de personas. En los próximos días, el Ejecutivo detallará los plazos de inmunización, aunque ya tiene definido priorizar tres grupos que, por la naturaleza de su trabajo, requieren contacto más cercano con sus alumnos: los docentes de educación especial, los de nivel inicial y los del primer ciclo de primaria.

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