Fibrosis quística: las posturas detrás de la ley que generó cruces dentro del Gobierno

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La aprobó el Senado, pese a que el ministro de Salud Ginés González García manifestara su desacuerdo. El Presidente Alberto Fernández la apoyó. No obstante, adelantaron que habrá cambios.

En el momento más álgido de la pandemia de coronavirus en el país, al ministro de Salud Ginés González García se le abrió un nuevo frente de tormenta con la Ley de Fibrosis Quística, aprobada en el Senado el jueves pasado. Fue tras las severas críticas que él mismo había expresado al proyecto dos días antes, durante el plenario de comisiones que culminó con un pedido de Alberto Fernández para que los legisladores del oficialismo den dictamen favorable (su pareja, Fabiola Yañez hizo campaña a favor de la ley). El Presidente, no obstante, adelantó que los inconvenientes señalados por el titular de la cartera sanitaria serán corregidos a través de un decreto.

La Ley de Protección Integral para las personas con Fibrosis Quística de Páncreas (Mucoviscidosis) declara de interés nacional el abordaje de la enfermedad, lo que incluye la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico, tratamiento, su prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas, como así también la educación de la población respecto de esta severa patología crónica.

El texto consta de 20 artículos, que fueron cuestionados casi en su totalidad en una carta que González García dirigió a mediados de mes al senador Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta.

El documento explica por qué la postura del ministerio es contraria a la sanción de leyes por enfermedades y las razones por las que consideran que los términos en que está redactada la norma atentan contra la viabilidad de su implementación.

«Todos los artículos de la presente ley resultan en principio innecesarios puesto que legislan sobre aspectos ya legislados por otras normativas, lo que torna un dispendio innecesario y un posible conflicto en la aplicación de las mismas. Asimismo, por lo dinámico de la ciencia que imprime un ritmo muy acelerado a la incorporación de nuevas tecnologías, esta cartera entiende que no es conveniente establecer por medio de leyes, aspectos que están en constante proceso de evolución, porque los torna inadecuados en corto plazo», dice en los comentarios generales. Y añade: “Todas las prestaciones que este proyecto pretende incorporar ya se encuentran garantizadas en la Ley de discapacidad y/o en otras leyes de aplicación general y que están vigentes”.

Ese fue el espíritu del mensaje que González García les transmitió el martes pasado durante la videoconferencia a los legisladores. En el encuentro, no obstante, se manifestó a favor de «promover una política más enérgica y crear un programa nacional» para la enfermedad.

«Me parece un avance que este tema haya sido puesto en la opinión pública, sin embargo, es una buena intención con pocas posibilidades de ser concretadas, todos queremos legislar para tratar mejor a los argentinos y nadie puede estar en contra del acceso», dijo.

El ministro apuntó particularmente contra los artículos 5, 6, 7 y 13, a los que consideró «muy difíciles de cumplir», aunque admitió compartir la necesidad de las y los pacientes y sus familias. Sobre la postura del Presidente, dijo que «tiene una vocación con la salud, todo lo que sea salud le interesa, pero esto no es la solución. Esta ley como está no resuelve el problema, va a ser una maraña judicial«, planteó.

«De aprobarse -planteó a los legisladores Ginés González García-, sería una ley con mucha inequidad, el conflicto no es con la gente y el derecho de acceso a la salud: es con los laboratorios y los precios que fijan. Deberíamos contar con otra capacidad negociadora con los fabricantes de medicamentos, ya que en este tipo de patologías de escasa magnitud pero de gran impacto familiar, queremos trabajar intensamente. Nadie puede estar en contra de garantizar acceso a los tratamientos, pero hay que trabajar en establecer un método para que todos los argentinos accedan y no generar un interminable conflicto judicial, casi imposible de ser cumplido», afirmó.

Fuente: Clarín

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