Tras el guiño judicial para salir de la cárcel, Báez busca cómo pagar la fianza con los bienes embargados

NACIONAL POLÍTICA


A pesar de tener un patrimonio millonario, la mayor parte de su fortuna está inhibida por la justicia. Sus abogados pidieron bajar el monto de la caución de 5 millones de dólares.

Ponerle un número a la fortuna de Lázaro Báez fue una tarea que llevó casi un año. Luego de más de 200 allanamientos en siete provincias y una valuación de bienes a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación, se concluyó en que el ex gerente de crédito del Banco Santa Cruz, devenido en mayo de 2003 en empresario de la construcción, tenía un patrimonio de equivalente a 205 millones de dólares: según determinó la justicia, era dueño de 1.412 propiedades. Pero todos esos bienes se encuentran embargados e inhibidos, entonces Báez tiene que resolver cómo hará para pagar la caución de 632,5 millones de pesos que le permitiría dejar el Penal de Ezeiza. El Tribunal Oral Federal 4 analizará el lunes otras alternativas al respecto.

«Se fije una nueva caución real, acorde a la realidad material de nuestro defendido, y se habilite expresamente la posibilidad de reemplazar la misma por un seguro de caución, a idénticos efectos», fue el pedido formulado por la defensa del dueño de Austral Construcciones para poder discutir ese requisito, a través de un escrito al que accedió la prensa.

Este último capítulo en la saga de Báez comenzó cuando el fiscal Abel Córdoba, que interviene ante el TOF 4 -donde están las tres causas por lavado de dinero contra Báez- analizó los cuatro años que lleva en la cárcel sin una condena aún, y sugirió que se le ordene fijar un domicilio del que no podrá moverse en un radio de 100 kilómetros y, junto a un monitoreo con tobillera electrónica, se le fije una caución real de 5 millones de dólares como condiciones para aprobar su salida de la cárcel.

El TOF 4, integrando en esta ocasión por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado, tradujo esa cifra a pesos, y este miércoles fijó una suma de 632, 5 millones cuyo depósito judicial es requisito para abrir  la puerta de la celda de Lázaro.

Entonces, comenzó la discusión sobre cómo Báez podría reunir esa cantidad de dinero. Si bien su patrimonio calculado en la justicia asciende a 205 millones de dólares, sus embargos superan esa cifra: en «la ruta del dinero K», el juez Sebastián Casanello le aplicó uno 600 millones de dólares. En la causa por la presunta corrupción en la obra pública, el juez Julián Ercolini lo embargó en 10.000 millones de pesos, y el fallecido juez Claudio Bonadio le impuso medidas por más de 200 millones de pesos en dos expedientes por lavado de dinero vinculados a Cristina Kirchner.

Ante la exigencia de una caución real, no pueden afectarse a ella bienes que se encuentren embargados. Además, a su principal empresa se le dictó la quiebra en junio de 2018, y la jueza a cargo, María José Gigy Traynor, comenzó con el remate de los bienes colocados a nombre de la compañía hace poco más de un año: ese dinero va a una cuenta destinada al pago de las deudas con los acreedores.

Ante este escenario, la defensa del contratista K, a cargo de Elizabeth Gasaro y Juan Martín Villanueva, expuso que «Lázaro Antonio Báez se encuentra detenido hace más de 4 años y 3 meses, todas sus empresas y cuentas se encuentran inhibidas o embargadas, al tiempo que, cualquier movimiento de dinero, a los fines de cumplir con la manda impuesta por este Tribunal, importaría una violación a las propias medidas cautelares actualmente vigentes. Comprenderán que lo que se requiere a esta defensa resulta objetivamente de imposible cumplimiento«.

Por ello pidieron que se «ordene el inmediato traslado de Lázaro Antonio Báez al domicilio fijado oportunamente sito en Ruta Panamericana, Km 43.5, Ramal Pilar – Del Viso, Lote 37, Provincia de Buenos Aires», esto es un vivienda de 450.000 dólares en un barrio privado, escriturada a nombre de Badial, una de sus firmas investigadas.

Los jueces del Tribunal analizarán el lunes el pedido de la defensa de Báez. Si no aceptan reducir el monto exigido, las opciones posibles son que algún tercero deposite el monto impuesto, que coloque valores o inmuebles que no estén embargados por un monto equivalente a la suma requerida, o, como tercera vía, permitir que el detenido contrate un seguro de caución.

Fuente: Clarín

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