Angustiante espera de la familia Guirula para que los policías sean condenados

LOCALES POLICIALES


“La resignación llegó a nuestra familia así como a muchas otras. No es el único caso en manos de delincuentes pero cambia en éste como en otros, que ocurrieron y seguirán ocurriendo, porque los asesinos visten el uniforme de quien tienen la obligación de darnos seguridad. Pero es ahí donde una vez mas la corrupción y la política están unidas de la mano porque hasta el día de hoy siguen entregando uniformes a conocidos y acomodados. No espero nada de la Justicia pero cada quién llevará su cruz hasta la muerte”.
Las expresiones le corresponden a Carmela Guirula, quien aún sufre por el asesinato de su hermano, el albañil Carlos Guirula, en manos de un grupo de policías.
Hoy se cumplen cinco años de aquel brutal crimen perpetrado en 2014, afuera de un motel posadeño, cuando lo que debió ser -a lo sumo- una demora preventiva se transformó en un homicidio a golpes y patadas mientras era trasladado esposado y boca abajo en la caja de un patrullero hasta la comisaría.
Inmediatamente, la violenta trama mutó a encubrimiento y con ello la acusación a seis efectivos de distinto rango, de los cuales cinco serán juzgados por tortura seguida de muerte agravado por la condición de funcionario público y uno por omisión funcional para evitar torturas, puesto que observó pero no intercedió.
El voluminoso expediente actualmente no registra novedades ni movimientos, pero fuentes del caso confían que después de la feria judicial será elevado a la instancia de debate y con eso se ventilará la verdad sobre la causa más emblemática de violencia policial registrada en la capital provincial.
En la víspera este matutino pudo confirmar que se está elaborando el requerimiento de elevación a juicio oral, por lo que una vez concluido, el expediente pasará a manos del Tribunal Penal para que avance con los trámites previos a la designación de fecha en la que los acusados se enfrentarán por primera vez a los magistrados que juzgarán sus conductas y a la familia de Carlos Guirula, que desde hace un lustro espera el momento de tenerlos cara a cara.

“Mucha paciencia”

Nora Acosta es la viuda de Guirula y ayer a la mañana se mostró más cauta cuando dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva.
En ese contexto, dijo que “los chicos viven preguntando qué pasó y muchas veces no se qué responder. Tengo cuatro hijos -de 22, 14, 12 y 10 años- y vamos esquivando como se puede, trabajando siempre para mantener la casa y tratando de salir adelante lo más fortalecidos posible pese a no tenerlo a él con nosotros desde hace bastante años”.
“La última vez que fuimos al cementerio, el nene más chico quería que le explique físicamente qué le pasó al papá porque no entiende de qué se murió o cómo, o quién le hizo daño. Hay cosas específicas que quiere saber, detalles que trato de responder como puedo porque son cinco años en los que se siente la falta”, manifestó.
Sobre el plano judicial, acotó que “todos estos años hemos tenido mucha paciencia, que se me está acabando pero no tengo el carácter para ir a confrontar con las autoridades judiciales. Los chicos también necesitan hacer un cierre a todo esto pero siempre trato de cuidarlos, diciéndoles que pronto va a salir el juicio, lo que finalmente va a ocurrir aparentemente el próximo año porque la elevación será pronto, me dijeron”.
“La otra vez, cuando los últimos involucrados que estaban detenidos salieron en libertad, fue complicado porque cansa y uno tiene un límite. Mi hijo más grande siente mucho enojo, es joven y quiere respuestas, quiere ver a los asesinos presos y sobre todo desea justicia para su papá. Le digo que hay que tener tranquilidad pero él siente que tiene que luchar más”, añadió.

Excarcelados

Lo último que ocurrió en relación a los imputados fue la liberación de tres de ellos a instancias de un dictamen de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.
La resolución benefició a la oficial Lourdes Beatriz Tabárez -una de las principales apuntadas-, al cabo primero Lucas Nahuel Saravia Allosa y al cabo Ricardo Rafael Escobar. La mujer que en ese momento se desempeñaba en la Comisaría Decimotercera era la encargada del procedimiento, mientras que los restantes formaban parte de la comisión del Comando Radioeléctrico que fue a brindar apoyo.
Los tres siguen imputados por el delito de tortura seguida de muerte agravada y el fallo de la Cámara se dio en virtud de los pedidos planteados por sus respectivas defensas, quienes argumentaron que los uniformados debían ser excarcelados por el vencimiento del plazo razonable de detención y la expiración de la prórroga de instrucción dispuesta en su momento por el titular del Juzgado de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, quien tiene a su cargo la investigación del caso.
La causa tiene también imputado por tortura seguida de muerte agravado al sargento primero Claudio Marcelo Servián y al agente Carlos Da Silva, de la Decimotercera, en tanto que el subayudante Carlos Alberto Zidorak, del Comando Radioeléctrico, es el único acusado del delito de omisión funcional para evitar torturas. Ninguno está detenido.

Noche de terror

El crimen de Guirula fue cometido en la madrugada del 19 de julio de 2014. El hombre había ingresado a un motel junto a dos amigos y dos mujeres, pero mientras se retiraban tuvo una discusión con un empleado por el costo de las bebidas. En esa instancia se produjo una situación violenta por lo que el trabajador llamó a la Policía, que acudió con varios patrulleros. Guirula se resistió y eso derivó una tunda de golpes en el rostro y patadas -cuando ya estaba en el suelo- que le provocaron la muerte. De allí fue trasladado hasta la Decimotercera en la caja de un patrullero Toyota Hilux pero llegó sin vida. Uno de los policías iba saltando sobre él. La autopsia reveló que Guirula sufrió la rotura de nueve costillas y la perforación de sus pulmones, además sufrió edema cerebral.
Dejanos tu opinión