El femicida de Paulina Portillo es esquizofrénico y no sería juzgado

LOCALES POLICIALES


El 26 de noviembre del año pasado Maximino Barúa debía sentarse en el banquillo de los acusados y empezar a responder por el femicidio de Paulina Portillo (27), madre de cuatro niños y asesinada a machetazos en la vivienda que compartían en el barrio Virgen de Itatí, ubicado en el kilómetro 3 de Eldorado.
La audiencia inicial estaba pactada para las 8.30 y para el debate el Tribunal Penal Uno había convocado a una docena de testigos, pero nunca empezó.
Ese mismo día, el abogado del acusado, Rodrigo Torres Muruat, pidió una junta médica para establecer si estaba en condiciones de afrontar el proceso.
“No logré establecer un diálogo mínimo con él. Empezó con una cuestión casi de delirio y en esas condiciones no se puede ejercer una correcta defensa o que al menos él no está preparado para enfrentar un debate oral”, puntualizó el letrado en diálogo con El Territorio, en referencia a una reunión que había tenido días antes.

“No está en condiciones”
Finalmente, el resultado de esa pericia se conoció ayer y todo indica que el juicio no se va a realizar.
De acuerdo con el informe emitido por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, Barúa “no tiene condiciones para prestar declaración y de participar en la Audiencia Debate”, asegurando que el hombre “es megalomaníaco (de grandeza), y de tipo persecutorio. Como todo delirio de la serie psicótica, se caracteriza por la certeza irreductible sobre sus contenidos”.
“La sintomatología detectada se corresponde con diagnóstico de psicosis esquizofrénica de tipo paranoide. Esta afección compromete el juicio crítico y valorativo que impide comprender y/o dirigir sus actos y la conducta significa riesgo para sí y/o para terceros”, se detalla en el documento que trascendió ayer.
En su momento, cuando se suspendió el juicio, el fiscal Federico Rodríguez manifestó que “desde el punto de vista jurídico está todo probado, (el acusado) no tiene ningún testigo a su favor. No tiene ni una posibilidad de nada”, en relación al análisis que se hizo del expediente.
Sin embargo, ante las novedades y en declaraciones al medio Extraprensa, Rodríguez ayer dijo que “el imputado es psicótico, esquizofrénico, no tiene juicio valorativo, no puede afrontar el juicio, no va a haber condena porque no va a haber juicio, corresponde que se suspenda y hasta tanto recupere su lucidez”.
También aseguró que debido a su peligrosidad, para sí y para terceros, debería seguir supeditado a las medidas de seguridad, por lo que se podría disponer su traslado a un pabellón de inimputables.
Este medio se comunicó con el letrado Torres Muruat, quien expresó que no había sido notificado del  resultado de los análisis y prefirió ser cauto a la hora de decir cómo seguirá el proceso. Señaló que deberá comunicarse con las autoridades judiciales del caso para saber si solicitarán nuevos exámenes o no.

Conmoción generalizada 
El asesinato de Portillo fue cometido el 17 de abril del 2017 y Barúa fue  atrapado tan sólo media hora después del crimen. Llegó a instancia de juicio acusado por la Justicia por “homicidio doblemente calificado por femicidio y la convivencia”, el cual prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado culpable.
El hecho fue cometido cerca de las 23, en el interior de una vivienda del barrio conocido como ex Carayá. Por las circunstancias, conmocionó a toda la provincia y ocupó la portada de los principales medios del país.
La investigación estuvo a cargo de la jueza Nuria Allou, del Juzgado de Instrucción Dos y según se desprende el expediente, la víctima tenía 25 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y otras seis heridas que habrían sido catalogadas como mortales.
El ataque se cometió con un cuchillo y un machete, los cuales fueron incautados por los efectivos policiales intervinientes. El primero de ellos fue encontrado en la escena del hecho, en tanto que el machete apareció a varias cuadras de la casa, donde el sospechoso lo habría descartado en medio de su intento de fuga.
Tras el crimen, una de las principales preocupaciones de los vecinos fue el estado de sus pequeños, quienes estuvieron presentes en la casa durante el hecho. Inicialmente, los menores quedaron a resguardo en la casa de Elena, quien vive enfrente y tiene una relación casi de abuela con ellos.
En ese lugar, los menores -que en ese entonces tenían 9, 8, 6 y 2 años- permanecieron con custodia policial y recibieron la atención del equipo del Centro Provincial de la Mujer (Cepromu). Cuatro días después del crimen, fue la madre de la víctima, Felicitas, quien recibió la tenencia por parte de la Justicia.
Cuando se suspendió el debate oral y público la mujer se pronunció a este medio y aseguró que había ido hasta la sala de debates “sólo para escupirle en la cara” a Barúa. “Le tengo mucha bronca, no puede ser que esté loco. No creo en esas cosas (su estado mental), seguro que se hace”, se indignó entonces.
“Mis nietos saben lo que hizo su padre, siempre se habla de que él la asesinó, hay mucho dolor en nosotros”, finalizó.

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