Buscan regular el traspaso presidencial para evitar escándalos como el de 2015

NACIONAL POLÍTICA


El Senado trata un proyecto de ley que organizará las ceremonias. Nadie quiere repetir el lío generado cuando CFK se negó a entregar el bastón presidencial a Macri.

Evitar escándalos como el de 2015, cuando la presidenta Cristina Kirchner se negó a entregar los símbolos del mando presidencial a su sucesor, Mauricio Macri, debería ser el objetivo de un proyecto que busca regular el período transicional entre un mandato y el siguiente, así como las ceremonias que marcan el cambio de gobierno. Dicho proyecto, que establecería fecha, hora y lugares donde se desarrollarán las ceremonias, será tratado en el Senado Nacional una vez que la Comisión de Asuntos Constitucionales le dio dictamen este miércoles.

El proyecto, consensuado entre Cambiemos y el Bloque Justicialista, establece que el período del Presidente y el vicepresidente salientes culmina a las 12:00 del 10 de diciembre, tras lo cual sus sucesores «tomarán posesión del cargo y prestarán juramento ante el Congreso reunido en Asamblea» en ese mismo horario, detalle hasta ahora nunca aclarado y sobre el cual no existen documentos. Dice, además, que el presidente saliente debe entregar los símbolos del mando presidencial (el Bastón de Mando y la Banda Presidencial) al jefe de Estado electo en una ceremonia que se celebrará en la Casa Rosada «salvo que ambos de común acuerdo, convengan que se realice en el Congreso de la Nación».

La medida busca evitar en el futuro que se repita lo ocurrido en diciembre de 2015, cuando Cristina Kirchner no asistió a la ceremonia de investidura de Mauricio Macri, que se celebró en el Salón Blanco de la Casa Rosada, afirmando que dicho traspaso debía realizarse en el Congreso Nacional, como se había hecho en 2001, 2003, 2007 y 2011. Cambiemos, basándose en la tradición (y en las ceremonias de 1983, 1989, 1995 y 1999), dijo que la ceremonia tenía que hacerse en la sede del Poder Ejecutivo con una posterior jura ante la Asamblea Legislativa.

La ausencia de la mandataria saliente en 2015 obligó a una decisión judicial que determinó que, hasta la jura de Macri, quedara a cargo del Ejecutivo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. «Si hubiera madurez política no tendríamos que reglamentar cosas tan básicas como esta», expresó el presidente de la comisión, Dalmacio Mera, en referencia a aquel episodio. Con tono más duro, el senador oficialista Esteban Bullrich dijo haber «sufrido la transición» entre la gestión de Kirchner y Macri.

«No se debe ceder a caprichos», le decía el radicalismo a Macri, mientras el peronismo, representado por Aníbal Fernández, le decía que «si no quiere ir al Congreso a recibir los atributos, que no vaya». Más fuerte, el director de la Inteligencia del gobierno de Cristina, Oscar Parrilli, denunció ante la prensa que «entre esto y un golpe de estado hay muy poca diferencia», acusando a Macri de haber interrumpido antes de tiempo el gobierno de Cristina.  El escándalo fue tal que la noticia trascendió las fronteras: «Después de ocho años como presidente, Cristina Fernández de Kirchner limpiará el jueves su oficina en el palacio de gobierno. Pero lejos de preparar el terreno para Mauricio Macri, está obstruyendo la transición en una muestra final de fuerza», llegó a decir en los Estados Unidos el diario New York Times.

Entre otras cosas, el proyecto que pasará por la Cámara de Senadores también establece que el jefe de Gabinete será el máximo responsable del período de transición y tendrá la tarea de «convocar a los representantes del gobierno saliente y del gobierno electo a las reuniones que ambas partes crean necesarias para facilitar» el cambio de gobierno. Además, deberá entregar al Presidente electo «la memoria detallada del estado de la Nación y el informe de gestión» en un plazo de cinco días desde la proclamación de la fórmula presidencial ganadora por parte de la Asamblea Legislativa.

Ese plazo fue uno de los puntos más discutidos en la comisión debido a que el radical chaqueño Ángel Rozas consideró que «cinco días para pasar un informe completo» era poco tiempo y que podía llevar a que no se cumpliera la ley. El resto de los senadores de la comisión, incluidos sus compañeros de bloque Bullrich y Pamela Verasay, remarcaron que era un plazo razonable.

La senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, señaló que el informe debería estar elaborado o al menos avanzado desde antes, dado que «se supone que quien está terminando un mandato elabore el informe con un tiempo razonable». En sentido similar, el senador chubutense Mario Pais subrayó que «el jefe de Gabinete tiene un rol establecido en la Constitución Nacional, entre ellos llevar un informe» de la gestión. El proyecto establece que el incumplimiento de la norma será considerado «incumplimiento de los deberes de funcionario público, con independencia de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder».

 

Fuente: Clarín

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