Trasladan a guardiacárcel acusada de estafas y confirman más denuncias 48

LOCALES POLICIALES


Son vecinas en la localidad de Guaraní, se criaron juntas y hasta hace poco fueron amigas, al punto que la acusada casi fue madrina de bautismo de la hija más chica de la víctima. La confianza era absoluta, por lo menos de parte de Y. F., quien nunca imaginó la traición de N. D. C., cabo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
Y. F. es empleada de Salud Pública y en septiembre del año pasado se le bloqueó la tarjeta de débito, situación que le comentó a su amiga, quien inmediatamente le ofreció ayuda.
“No te hagás drama, tengo un amigo en el banco que desbloquea al toque, sólo necesito la tarjeta y tu DNI”, argumentó la penitenciara.  En los siguientes dos meses la primera notó descuentos en su sueldo, pero en diciembre cobró monedas y con el aguinaldo fue peor, ya que de 11.000 previstos, apenas percibió 1.100 pesos.
“Son descuentos a nombre de empresas de préstamos de Buenos Aires y desde diciembre no cobra nada. Ella tiene dos hijas que mantiene sola y está desesperada. La estafadora reconoció lo que hizo y firmaron un acuerdo en el Juzgado de Paz, pero cumplió poco y nada”, lamentó la madre de la perjudicada.
El acuerdo extrajudicial suscripto el pasado 10 de enero ante la jueza de Paz de Guaraní, Miryam Rosciszewski, donde quedó constancia que “la señora D. C. reconoce que sacó préstamos con la tarjeta de débito de la señora F. en dos casas de préstamos y que se hará responsable de la cancelación de los mismos, como así de algún nuevo descuento que pudiese aparecer en la cuenta de la titular. Que la señora D. C. le entregó 22.000 pesos como parte de pago de la deuda. La señora D. C. se encargará de conseguir los correspondientes libre deuda de las casas de préstamos en las que solicitó los préstamos”.

Investigación y traslados
Más allá del acuerdo, hasta el momento la guardiacárcel no habría cumplido con el plan de pago ni la entrega de los libre deuda, por lo que Y. F. iniciaría acciones legales.
Al respecto, mencionaron que “no queríamos llegar a la instancia penal porque somos conocidos de toda la vida y había una relación, pero lamentablemente no nos queda más opción porque el perjuicio es enorme, más en esta época tan difícil económicamente”.
Con relación a los antecedentes de la funcionaria, en la edición del domingo pasado este matutino publicó detalles de otras denuncias penales radicadas por tres colegas de la Unidad Penal II de Oberá por presunto cobro de coimas y estafa. En tal sentido, el viernes la Directora General del SPP, alcaide general Nilda Estela Correa, se trasladó hasta la cárcel obereña para supervisar el avance del sumario administrativo ordenado oportunamente.
El mismo día, Correa firmó el traslado de N. D. C. a la UP VII de Puerto Rico. También fue removido el padre de la citada, suboficial principal que pasará a cumplir servicio en la UP VIII de Cerro Azul, precisaron fuentes del caso.
Asimismo, más allá de los respectivos traslados, no descartaron nuevas medias y sanciones supeditadas al avance de las causas judiciales en proceso.

Citación a indagatoria
Con relación a las causas penales contra N. D. C., en diciembre pasado fue denunciada por el presunto cobro de coimas para obtener visitas íntimas con privilegios en la UP II; mientras que a mediados de marzo una compañera la acusó de haber accedido a un préstamo bancario online de 25 mil pesos, luego de sustraer los datos de su cuenta.
Respecto al último hecho, el viernes la denunciante se presentó ante el Juzgado de Instrucción Uno para ampliar su denuncia y presentar nuevos elementos de prueba, oportunidad en que le informaron que el fiscal Elías Bys citó a la acusada para declaración indagatoria, mientras que la denunciante deberá testificar el próximo 17 de abril.
Por su parte, las penitenciarias que denunciaron el cobro de coimas elevaron una nota al mismo Juzgado solicitando un certificado de estado de la causa para presentar a las autoridades del SPP en el marco de las actuaciones administrativas que se labraron oportunamente y derivaron en sus respectivos traslados.
Ocurre que las tres funcionarias que desde diciembre denunciaron a N. D. C. fueron trasladas a otras unidades o reubicadas dentro de la UP II, como en el último caso, mientras que la sospechosa siempre mantuvo un lugar de privilegio, lo que dio lugar a innumerables trascendidos.
“Esta chica y el padre siempre se jactaron de ser intocables y de tener contactos. Pero ahora, ante el cúmulo de denuncias y pruebas, la cúpula del SPP resolvió el traslado de ambos. La Directora General intervino directamente y vale destacar su accionar. Además la investigación interna continúa y podría tener derivaciones judiciales”, subrayaron.

$25.000

Estafa.
Una de las denuncias contra la penitenciaria señala que utilizó los datos bancarios de una mujer para obtener un préstamo.

Coimas y estafas

En la denuncia radicada el 4 pasado de diciembre ante la fiscalía en turno, una oficial y una subalterna que cumplían tareas en la sección visitas especiales de la UP II brindaron un pormenorizado detalle de las actuaciones que realizaron al tomar conocimiento de las presuntas irregularidades cometidas por N. D. C. Mencionaron que se cobraban coimas para obtener ciertos beneficios en el marco de las visitas íntimas, como también para evitar las requisas. Asimismo, aportaron los nombres de todos los jefes y directivos que habrían sido notificados apenas trascendieron las sospechas de cohecho. Pero en respuesta al primer informe interno, las autoridades decidieron el traslado de la oficial y la subalterna que notificaron la presunta irregularidad, lo que las motivó a recurrir a la justicia para salvaguardar su situación profesional y familiar. Según precisó la oficial en sede judicial, habría elementos para probar que al menos la pareja de un interno “era permanentemente extorsionada, la acosaban, le pedían plata, ropa, etc.”, aseguraron. Por su parte, a mediados de marzo otra suboficial denunció por estafa a N. D. C. Precisó que ambas desempeñaban en el sector traslado de la UP II, circunstancia que la cabo habría aprovechado para obtener los datos bancarios de su compañera. Luego transfirió el monto a su propia cuenta. A constatar la estafa, la víctima denunció el hecho y se trasladó a Posadas para informar a las autoridades del SPP, tras lo cual fue sancionada por la dirección de la UP II con el argumento de que no respetó la vía jerárquica.

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