El proyecto de ley pretende crear en Misiones un Centro de Asistencia Integral a la Víctima en el Proceso Penal, que estaría asentado en el ámbito del Poder Judicial, y que tendría por objetivo poner a disposición de quienes se ven afectados por un delito, un lugar donde ser apoyados integralmente tanto en materia psicologica y social, como jurídica. “A través de esta herramienta entendemos que víctimas o los familiares de ellas pueden ejercer sus derechos en el poder judicial de una manera más eficaz. Tendría como rol prestar contención y asesoría gratuita a los fines de garantizar un acceso legítimo al proceso penal”, señaló González.
Por otro lado, propone que en el ámbito del Ministerio de Derechos Humanos se articule un Observatorio que monitoree la asistencia a las víctimas, sus familiares y entornos, con la finalidad de mejorar la toma de decisiones en materia de políticas públicas.
“Nuestro régimen legal reconoce derechos a la víctima de delitos y a sus familiares, pero estos derechos no siempre tienen correlato operativo en la dura realidad que deben afrontar las víctimas de los delitos, que suelen ser meros espectadores de un proceso penal que se considera más al servicio de los derechos del imputado, que de una genuina y eficaz reparación de los agravios sufridos a partir del ilícito penal” apuntó González.
