Centro de Monitoreo del Transporte que inauguró Closs nunca funcionó

LOCAL POLÍTICA


Hace dos semanas se llevó adelante la audiencia pública “no vinculante” para establecer un nuevo valor del boleto de transporte público en Posadas, Garupá y Candelaria, donde el representante del Grupo Z pidió como “tarifa técnica” la descabellada cifra de 57 pesos.

Según el empleado del voraz grupo empresarial, ese debería ser el valor para equiparar el incremento de los costos por la fuerte inflación que tuvo este año: combustible, paritarias, repuestos, nuevas unidades; además de la quita de subsidios nacionales que se aplicará recién desde enero de 2019.

El cálculo surge de una ecuación polinómica que se determina entre el Gobierno y las empresas con datos que aportan las empresas, sobre kilómetros recorridos, cantidad de unidades y boletos vendidos, entre otros.

Lo que resulta verdaderamente llamativo es que sean las propias empresas de transporte, mediante declaraciones juradas, las que aporten los datos sobre sus costos y sus ingresos, sin ningún tipo de control de la Provincia o los Municipios.

La tarea de control queda en manos de la empresa privada Servicios Urbanos S.A. que administra la SUBE Misionera y que, para colmo, en sus inicios empresariales estuvo vinculada al Grupo Z.

Con esos números el Gobierno establece una tarifa, una parte se cubre con subsidios y otra con el costo del boleto. El Estado nunca pudo poner la nariz dentro de los números de las empresas y ese fue un cuestionamiento permanente, la falta de control estatal.

Los opositores y los usuarios apuntan sus sospechas sobre la cantidad de boletos que declaran las empresas, y no es para menos porque ese dato puede cambiar toda la ecuación y abaratar el costo del pasaje.

Si las empresas declaran pocos pasajes vendidos, necesitan un boleto más caro para cubrir sus costos; pero si declaran más pasajes vendidos, cubrirían los costos y ganancias con un boleto más económico.

Lo increíble es que la Provincia y los Municipios nunca tuvieron control sobre la cantidad de boletos vendidos. Solo una vez se pretendió ejercer control, por presión de la Nación, pero el exgobernador Maurice Closs dejó pasar el tiempo y nunca puso en funcionamiento el organismo que iba a cumplir esa tarea.

Fue el 12 de febrero de 2015 cuando se inauguró el Centro de Control y Monitoreo del Transporte Público, dependiente del subsecretario de transporte Hermes Almirón. Participaron Closs y el exministro de Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, quien venía presionando desde hace tiempo a Misiones para que homologue la SUBE Misionera con la SUBE Nacional.

Randazzo tenía sus razones. Es que la Nación enviaba cientos de millones de pesos todos los años en concepto de subsidios a las empresas misioneras pero no tenía control de cuántos boletos vendían, las distancias ni la cantidad de unidades en movimiento. Todo era por declaración de las propias empresas. Al parecer, el exministro nacional no creía mucho en la transparencia de esos números por eso venía exigiendo que se homologue al SUBE Nacional.

En ese mismo acto, al inaugurar el Centro de Control,  Randazzo enfatizó: “No vamos a seguir poniendo más plata si no tenemos una tarjeta (SUBE) única”. Almirón y Closs tragaron saliva con cara de preocupación. El funcionario nacional exhortaba a la Provincia a que apure la compatibilización de la tarjeta misionera con la nacional, de lo contrario dejaría de enviar subsidios.

Muchos esperaban que, con el funcionamiento del Centro de Control y Monitoreo, se transparenten los números y al cabo de poco tiempo los usuarios puedan contar con la SUBE Nacional, que por cierto otorga muchos más beneficios que la tarjeta Misionera. El acto fue decorativo porque ese organismo nunca funcionó y nunca controló nada. Hasta ahora.

Closs dejó pasar el tiempo, se terminó su gobierno al igual que el del kirchnerismo, y con la llegada de Cambiemos a la Presidencia de la Nación todo se dilató. Al punto que el nuevo plazo exigido por la Nación para poner la SUBE Nacional en funcionamiento es el 31 de diciembre de 2018.

Todo hace pensar que, otra vez, no se cumplirá con ese objetivo y el Grupo Z seguirá declarando sus números sin control del Estado provincial ni municipal.

Inauguración sin resultados

La oficina del Centro de Control se ubicó en calle Alvear entre Ayacucho y San Lorenzo, pegada a la Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia.

Luego de recorrer el pequeño edificio, el director del Centro de Control, Rogelio Salvado, funcionario de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, le explicó a Randazzo el funcionamiento del monitoreo, a través del cual se podría conocer -supuestamente- en tiempo real la ubicación, la velocidad, el recorrido y las distancias realizadas por los colectivos que prestan el servicio.

El ministro esperó que Almirón termine su breve comentario, le apuntó su mirada y le dijo: “¿Cómo van a hacer con la tarjeta nacional?”.

Almirón, visiblemente nervioso, respondió que estaba dialogando con funcionarios subalternos de Randazzo para que compatibilicen los dos sistemas: “Tenemos el mismo proveedor del sistema” dijo y “lo vamos a mandar para que se junten y vean los detalles técnicos para unificar”, agregó el misionero.

Dejanos tu opinión