Después del trato con el FMI, se viene la verdadera prueba del Presupuesto

ECONOMIA


En medio de los anuncios sobre nuevas cifras y compromisos con el FMI, asomó un tema ineludible y que pone a prueba la capacidad del Gobierno para cerrar un acuerdo político, quizás el último posible en la antesala de la disputa electoral: el Presupuesto 2019.

«Adecuado y sustentable», dijo Christine Lagarde para calificar el proyecto, basado en el objetivo de déficit cero. «Paso esencial», dijo Nicolás Dujovne para definir la necesidad de su aprobación. Las tratativas con gobernadores y legisladores de la oposición entraron esta misma semana en proceso de aceleración, con el objetivo doble de coronar el trámite hacia mitad de octubre en Diputados y no demorarlo después en el Senado.

El último paso para trabajar de manera simultánea o «en tándem» entre las dos cámaras del Congreso fue dado ayer mismo aprovechando la presencia de Rogelio Frigerio en la comisión de Presupuesto de Diputados. Hubo tiempo para una conversación con Miguel Angel Pichetto, principal articulador del peronismo de los gobernadores, con quien ya habían ofrecido una foto de contacto público. También, con el diputado salteño Pablo Kosiner, referente de la misma franja del PJ en Diputados. Junto al ministro, Emilio Monzó trabaja centralmente en este delicado enhebrado político.

Por supuesto, esas conversaciones no definen uno a uno los puntos del Presupuesto, sino más bien el trazo político y los mecanismos para ir moviendo el proyecto. La intención, destacada por veteranos en este tipo de negociaciones, es darse el trabajo necesario para asegurar que el texto pase sin alteraciones graves la prueba de la votación en el recinto, es decir, lo más blindado posible en base a un entendimiento político previo.

En esa línea, se trataría de conciliar un mecanismo que le permita a quienes definen el tema en Diputados y el Senado ir revisando el proyecto en paralelo y discutir las modificaciones necesarias para que las dos cámaras actúen en sintonía. Ese nivel de entendimiento –se admite- era más alcanzable en épocas en que las fuerzas políticas funcionaban como partidos nacionales. Ahora, en cambio, es necesario atender a gobernadores o referentes parciales de un mismo espacio político. Un tejido complejo, en especial para este oficialismo que es minoría en las dos cámaras.

Con el mismo fin, el Gobierno modificó en parte su trabajo para allanar el camino a otra tratativa: la adenda o añadido para modificar el Consenso Fiscal y atemperar la baja de algunas cargas provinciales, en particular el impuesto a los sellos. Ese fue un reclamo de varios gobernadores para morigerar el impacto del recorte del déficit previsto por el Presupuesto.

El texto de esa modificación del pacto fiscal fue firmado hasta ahora por quince gobernadores, incluidos los cinco de Cambiemos. La lista incluye a varios jefes peronistas (Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, en primera línea), pero también anota ausencias de esa franja y de algunos provinciales. No es un dato ajeno a ese panorama que las últimas gestiones, incuso a nivel personal por parte de Frigerio, hayan estado enfocadas en Juan Manzur y Gerardo Zamora.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur

El gobernador tucumano busca afirmar un lugar propio en el conglomerado heterogéneo de los jefes provinciales del PJ. Y fue una pieza importante para destrabar otra cuestión conflictiva: la baja del fondo sojero, finalmente saldada con un trato que permitió compensar de manera parcial la pérdida de unos 8.000 millones de pesos para provincias y municipios, de acá a fin de año.

Las cuentas políticas son otras con el jefe provincial santiagueño: Zamora podría asegurar media docena de diputados en la votación de Presupuesto.

El oficialismo aspira a sumar algunos apoyos más a la modificación del Consenso Fiscal. Imagina que diecinueve o veinte gobernadores podrían terminar firmando la famosa adenda: se trata, en rigor, de una especie de mecanismo de compensaciones que permitiría a las provincias mejorar algunos ingresos en tiempos de ajuste. En el Gobierno descuentan que no adherirán los peronistas Alberto Rodríguez Saá, Carlos Verna y Alicia Kirchner. Creen que hay alguna chance con algunos otros del PJ, incluso el formoseño Gildo Insfrán. Y dudan sobre lo que haga finalmente el socialista Miguel Lifschitz.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner

Apenas terminada esa tarea, el texto con las firmas que lo acompañen irá a Diputados, y no el Senado como se decía hasta hace un par de días, para que de hecho funcione como acompañamiento del proyecto de Presupuesto.

El oficialismo ya transmitió su disposición a modificar algunos aspectos del texto que preocupan a las provincias, en el rubro deudas. Pero más complejo aunque entendido como necesario es el margen para la diferenciación. Eso es más que la picardía discursiva o las ausencias o abstenciones estratégicas que permitan habilitar el debate y votar. Un anticipo de esa puesta podrá verse en el tratamiento en comisión, en una o dos semanas.

El peronismo de los gobernadores enfrenta por supuesto la presión que representa esta negociación en un cuadro social y económico delicado. El kirchnerismo apuesta al rechazo cerrado del Presupuesto, y la sesión, cuando llegue el día, contará seguramente con marchas del moyanismo, otros sectores sindicales duros con el Gobierno y movimientos piqueteros.

Con todo, hay posiciones del peronismo federal que ya han sido expuestas o referidas informalmente y que, tal vez en debate legislativo, podrían marcar un modo de ocupar el espacio de sector crítico del Gobierno y distante del kirchnerismo. Gobernadores del PJ suelen decir que ellos aportan a la estabilidad pero no cogobiernan. Es una fórmula que por supuesto no está blindada a la crítica, pero que sugiere responsabilidades compartidas y márgenes de cuestionamiento al Gobierno nacional.

Falta un trecho todavía para que los legisladores se sienten en el recinto. El oficialismo, admiten algunos de sus operadores más descarnados, debe prepararse para asumir los costos propios. El PJ tal vez lo viva como un paso necesario, una muestra de gobernabilidad y, al mismo tiempo, el inicio de un proceso que inevitablemente ingresará en zona de campaña abierta si el cuadro general empieza a descomprimirse. Es quizás la última ventana a un acuerdo político, forzado por la crisis y por eso mismo una expresión de coyuntura. No sería poco, de todos modos, en los tiempos que corren.

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